Carazo: A un año de la masacre

Carazo
Paramilitares y policías entrando a Jinotepe, Carazo. Cortesía El Nuevo Diario

El ataque paramilitar y policial contra la población civil dejó un registro de más de 30 personas asesinadas

El sol comenzaba a aparecer, eran las 5:30 a.m. cuando grupos paramilitares, acompañados de efectivos de la Policía Nacional, iniciaban lo que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calificaron como “el ataque más despiadado de la operación limpieza”.

Se cumplían tres meses de protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la población nicaragüense como medida de protesta había levantado tranques, para ejercer presión a la dictadura que, en ese entonces, se encontraba negociando con representantes de la sociedad civil, quienes buscaban una salida a la crisis sociopolítica. No obstante, en todo el proceso de diálogo, los ataques por parte de agentes de la Policía y grupos irregulares de civiles armados no cesaron contra la ciudadanía que protestaba cívica y pacíficamente.

Durante 43 días (período de duración de la Operación Limpieza), Nicaragua y la comunidad internacional fueron testigos de la peor masacre en los últimos 40 años en el país. El régimen de Ortega y Murillo dio la orden de atacar a la ciudadanía que había levantado barricadas para protegerse y como medida de presión; para ello, la dictadura recurrió a la Policía (que se convirtió en el brazo represor contra la población) y armó a un grupo de civiles, conocidos como paramilitares o parapoliciales, ejecutando así las llamadas “operaciones limpieza”.

Estos ataques a los manifestantes quedaron registrados en el Informe Anual 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El Estado calificó la instalación de tranques y barricadas como actos ‘terroristas’ y desplegó operativos de limpieza para desmantelarlos por la fuerza. Dichos operativos iniciaron el 3 de julio de 2018 y se intensificaron en la proximidad de la celebración nacional del 19 de julio”, se lee en el escrito.

El ocho de julio de 2018, las ciudades de Diriamba, Dolores y Jinotepe, todas ubicadas en el departamento de Carazo, sufrieron la embestida represiva de policías y paramilitares, quienes, haciendo uso de armamento de guerra, atacaron las barricadas en las que se encontraban jóvenes estudiantes y personas autoconvocadas.

“Entraron por la carretera al mar, Santa Teresa, La Conquista, San Marcos. Barrieron Diriamba, luego entraron por Dolores, después llegan a Jinotepe”, relata Eliezer Blass, periodista que cubrió los constantes ataques contra la población civil en el departamento de Carazo. Desde mediados del mes de julio de 2018, Blass se encuentra exiliado, por las amenazas de paramilitares y policías. “Me circularon en una lista negra, todo por el simple hecho de cubrir las protestas y hacer mi trabajo”, cuenta, con un tono de voz triste.

El tranque San José

En Jinotepe, Carazo, la población instaló uno de los tranques más problemáticos para el régimen de Ortega y Murillo, el conocido tranque “San José”. Llamado así por encontrarse ubicado en el sector del Colegio San José, este tranque paralizó el paso de camiones que transportaban todo tipo de productos, lo que representó un golpe duro a la dictadura. Habitantes de la zona aseguran que es por ese motivo que el ataque policial y paramilitar fue más brutal en Jinotepe, “se ensañaron por el tranque San José”, expresan pobladores que prefieren omitir su identidad por temor a represalias.

Pero el tranque San José no sólo molestaba al régimen, también a cierto grupo de camioneros que se encontraban varados en ese lugar. “Ese tranque molestó a varios camioneros. Hubo camioneros, que me consta y lo confirmé, que estaban parados por el tranque, que le pasaban información a la JS (Juventud Sandinista, turbas adeptas a la dictadura), como ellos ya se querían ir”, relata Blass.

– ¿Por qué los jóvenes y autoconvocados defendieron hasta las últimas instancias este tranque? – pregunto a Blass

– Los muchachos estaban claros, si les daban pasada a los camioneros ellos estarían prácticamente muertos. Por eso, allí se registra la mayor cantidad de asesinados, autoconvocados y paramilitares.

Doce horas de angustia

El incesante ataque de la Policía, en conjunto con los paramilitares, se extendió por más de doce horas, desde las 5:30 a.m. hasta las 6:00 p.m., en Diriamba, Dolores y Jinotepe, la población tuvo que resguardarse todo ese tiempo en sus casas. Eran ráfagas tras ráfagas de disparos por parte de agentes policiales y civiles armados por el régimen. Desde las iglesias se comenzaron a tocar campanas para alertar a los y las habitantes del ataque.

Entrando a la tarde, los paramilitares y policías tenían más cercada a la ciudad, con el territorio casi dominado. “A las tres de la tarde los paramilitares ya estaban entrando por el sector del hospital, donde capturan a varios heridos. Unas señoras que andaban con los muchachos se lograron salvar porque se escondieron bajo la manta y ropa de los santos en la iglesia”, explica Blass.

El periodista comenta que, durante el ataque de los paramilitares, logró identificar a algunos de ellos, que eran originarios de Jinotepe. “Pude reconocer a algunos, gente de nuestro mismo pueblo. A esa gente la premiaron con puestos públicos y negocios”, sentencia.

En redes sociales quedó evidenciado el uso de armamento de guerra por parte de agentes policiales y paramilitares, que fue comprobado por organismos de derechos humanos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional y el sitio web de investigaciones Bellingcat.

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Autoconvocados defendiéndose de policías y paramilitares. Cortesía/ Eliezer Blass

Específicamente en la ciudad de Diriamba, Amnistía Internacional confirmó el uso de armas restringidas que sólo deben ser de uso militar y no utilizadas para reprimir a manifestantes. “La Policía Nacional y grupos parapoliciales armados operaron de manera conjunta, y utilizaron en su mayoría armas de uso exclusivo del Ejército para enfrentar a los manifestantes”, señala este organismo de derechos humanos.

De igual forma, meses después, Bellingcat -sitio web británico especializado en investigaciones de conflictos armados, abusos contra derechos humanos y verificación de hechos- publicó un estudio en el que evidenciaba que en dos ataques posteriores a la masacre de Carazo (el de la UNAN-Managua y Masaya), la Policía y los paramilitares utilizaron armamento letal. “Ak-47, PKM, M-60, Garand, RPG-7 (lanza cohetes), Dragunov”, eran parte del arsenal utilizado contra la población, se lee en el estudio.

Bellingcat publicó las imágenes de dichas armas, por lo que, de inmediato la población a través de videos y fotos en redes sociales logró identificar que también fueron usadas en los ataques contra Diriamba, Dolores y Jinotepe el pasado ocho de julio de 2018.

Los asesinados

La CIDH, en su Informe Anual 2018, cifró a las víctimas mortales del ataque a Carazo en 20, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), contabiliza a 38. Aunque pobladores estiman que la cifra es mayor.

– ¿Por qué asegurás que la cifra de asesinados es mayor? – cuestiono a Blass

– “La cifra de muertos fue mayor, no tengo duda, nosotros que somos de esos lados lo sabemos, por los cafetales, detrás del estadio. Hubo camionetas que recogían cadáveres, eso fue un motivo de mi exilio, vi eso”, sentencia con un tono de voz entrecortado y serio.

Días posteriores a la masacre, fuerzas de la Policía Nacional asediaron los entierros de varios de los autoconvocados que fueron asesinados ese fatídico ocho de julio.

“Fue un ataque muy preparado”

Semanas antes del ataque, el periodista exiliado, Eliezer Blass, relata que habían drones que sobrevolaban el área de forma “muy sospechosa”. “Antes del ataque algunos estábamos alertas porque días previos denunciamos el avistamiento de drones por el sector, posiblemente estudiando rutas para atacar a los chavalos”, comenta el comunicador.

De igual forma, las fuerzas paramilitares, en su mayoría, iban vestidos con camisas de color azul, para identificarse y no atacarse entre ellos. “Andaban pasamontañas, un grupo andaba camisetas azules para identificarse entre ellos. Armamento de guerra pesado, radios comunicadores, y era gente que se veía con experiencia militar, por eso fue de los ataques más sanguinarios”, rescata Blass.

Las declaraciones del periodista son corroboradas en el Informe Anual 2018 de la CIDH, donde destacan la coordinación de estos elementos irregulares y armados. “Durante esta etapa, la estrategia estatal desplegada se caracterizó por el uso desproporcionado de fuerza letal; el empleo de armas de uso exclusivo del ejército como lanzacohetes y granadas; y la participación y colaboración de grupos de choque o parapoliciales con agentes de la Policía Nacional y antimotines encapuchados”, se menciona en el informe.

A la fecha, las y los caraceños no olvidan ese día, esa masacre; no olvidan a sus asesinados, el reclamo de justicia sigue intacto. A la mayoría los enterraron gritando: “¡presente!”, las heridas siguen abiertas. Producto de la brutal represión, varios jóvenes y autoconvocados tuvieron que exiliarse, por la persecución desatada en conjunto por la Policía y los paramilitares.

Muchas personas como Eliezer Blass extrañan su país, su ciudad, se fueron para proteger su vida. El comunicador se muestra sensible al recordar ese ocho de julio de 2018, confiesa que lo invadió la impotencia, no poder ayudar a los jóvenes mientras eran atacados con armas de guerra. “No era justo, ellos luchaban para derrocar a una dictadura, era de forma pacífica, los llegaron a atacar”, recapitula.

– ¿Qué te impactó más ese día?

– “Eso fue un campo de guerra, de exterminio. Un ambiente de muerte, de infierno. Pero me impactó ver a seguidores del régimen, luego de todo, andar en las calles pegando gritos y celebrando la masacre, agrediendo a todo aquel que se encontrara en las calles”.

Actualmente, cada crimen sigue en la impunidad, el asedio a Carazo por parte de policías es constante. A un año de la masacre, Diriamba, Dolores y Jinotepe, lloran a sus jóvenes asesinados.

 

 

 

 

Autor: Multienfoque

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